Nuevos antecedentes se incorporaron a la investigación que involucra a la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, en una causa por presuntos delitos funcionarios y fraude al Fisco.
Entre las diligencias conocidas recientemente aparece un informe que da cuenta de $228.319.963 asociados a facturas durante 2025, monto que habría resultado superior a los ingresos informados durante ese mismo periodo. La situación fue comunicada al Servicio de Impuestos Internos y forma parte de los antecedentes que actualmente revisa el Ministerio Público.
La causa también puso atención en el rol que Flores tuvo cuando era diputada durante la tramitación de la denominada Ley de Notarios.
Ante Fiscalía, un asesor jurídico de la Cámara de Diputados declaró que le llamó la atención un cambio en la conducta de la entonces parlamentaria durante la Comisión Mixta que analizó la iniciativa. Según su testimonio, Flores habría pasado de mantener una participación menos activa a intervenir de forma constante, realizar propuestas, votar y plantear reservas de constitucionalidad.
A esto se suma una gestión realizada por Flores mientras ejercía como diputada, cuando envió un oficio a la Seremi de Bienes Nacionales de Los Ríos para consultar por la inscripción de un terreno perteneciente a su madre, Verónica Oporto.
El requerimiento generó atención entre funcionarios de la repartición, quienes declararon ante el Ministerio Público que habitualmente recibían consultas parlamentarias relacionadas con asuntos generales y no por trámites particulares.
El exasesor legislativo que reconoció haber redactado el oficio señaló ante Fiscalía que sabía que la propiedad pertenecía a la madre de Flores y manifestó reparos respecto de que se utilizaran facultades parlamentarias para realizar una consulta vinculada a un familiar.
Estos antecedentes se suman a la denominada investigación “Cuota Flores”, originada a partir de denuncias relacionadas con un presunto mecanismo mediante el cual integrantes de su equipo parlamentario habrían debido entregar parte de sus remuneraciones.
La Fiscalía también mantiene bajo análisis otros antecedentes, entre ellos mensajes relacionados con rendiciones de campaña y declaraciones de excolaboradores de la parlamentaria.
